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Desde Seat hasta Iberia, pasando por Endesa, Repsol y Telefónica. Con las privatizaciones de los últimos veinte años, el Estado ha vendido 119 empresas para sanear sus cuentas y liberalizar la economía. Grupos extranjeros y cajas de ahorro controlan ahora las 'joyas' industriales.

Roberto Casado. Madrid

Durante estos días, son noticia la oferta de Gas Natural para comprar Endesa, el posible interés de petroleras extranjeras por hacerse con Repsol YPF, la intención de Mittal de adquirir Arcelor, las rebajas de precio del tabaco por parte de Altadis, el lanzamiento de una línea aérea de bajo coste liderada por Iberia, los ajustes laborales en Seat que se plantea Volkswagen, y la lucha de BBVA por crecer en Europa.

En todas esas operaciones, hay involucradas empresas privatizadas por el Estado español durante los últimos veinte años. A cambio de ingresar alrededor de treinta mil millones de euros por la venta de 119 empresas en dicho periodo, el Gobierno no puede participar ahora en la gestión de esas sociedades y se tiene que limitar a actuar como regulador de la economía.

Adiós a la acción de oro
La última capacidad de infuencia directa en esas compañías está a punto de desaparecer. La acción de oro (golden share), que es el derecho de veto que se reserva el Estado en algunas compañías privatizadas, va a ser derogada por el Gobierno, ante las críticas de la Comisión Europea a ese mecanismo de blindaje, ya que limita la libre circulación de capitales.

Ese control sólo existe ya en Telefónica, Endesa e Iberia, después de que ayer venciera su plazo de existencia en Repsol YPF.

Pese a la independización de esas grandes sociedades, el Gobierno mantiene amplios poderes a través de la legislación. En el caso de la opa sobre Endesa, el Consejo de Ministros decidió el viernes autorizarla con condiciones que facilitan el éxito a Gas Natural.
En los mercados de gas y electricidad en los que actúan esas dos compañías, el Ministerio de Industria cuenta con amplios poderes para fijar la tarifa y los ingresos de los operadores.

En Repsol YPF puede influir gracias a la fuerte regulación en los mercados petroleros, sobre todo en el butano.
Menos papel va a tener el Ejecutivo en la opa sobre Arcelor (grupo europeo que absorbió la compañía siderúrgica estatal Aceralia), aunque el Ministerio de Economía ha manifestado su disgusto por la opa hostil de Mittal.

Lo mismo sucede con Seat, que lleva veinte años en manos del grupo alemán Volkswagen. José Montilla, ministro de Industria, ha viajado a Alemania para convencer a los dueños de Seat de que no recorten drásticamente el empleo que dan en España. Los incentivos o subvenciones a los fabricantes de coches son estrechamente vigilados por Bruselas, lo que dificulta frenar la deslocalización de este sector a países con menores costes.

Más acusada es la liberalización bancaria, sector en el que el Estado privatizó Argentaria, entidad que luego se fusionó con BBV. En el tabaco, la fijación de impuestos es la principal arma del Estado para influir en el sector. La antigua Tabacalera es hoy Altadis, tras fusionarse con la sociedad francesa Seita.

Y en las aerolíneas, la gestión de los aeropuertos y del espacio aéreo sigue en manos públicas. Pese a salir del manto protector del Estado, no ha ido mal a las compañías privatizadas. Sólo Telefónica vale más de sesenta mil millones de euros, el doble de lo obtenido por el Estado con las privatizaciones desde 1986.

La operadora de telecomunicaciones, Repsol YPF, Endesa, Altadis e Iberia forman parte del selecto club de las grandes de la bolsa española. Esas cinco empresas suman un valor de 125.000 millones de euros. Todas ellas han compensado su privatización y la liberalización de sus mercados en España con procesos de expansión internacional, sobre todo en Latinoamérica.

Política común
Los distintos gobiernos han mantenido la política de privatizaciones de las joyas empresariales, con el doble objetivo de reducir el déficit de las cuentas públicas y de liberalizar diversos mercados. En muchos casos, las empresas estatales eran monopolios en sectores considerados estratégicos.

Desde el punto de vista teórico, las privatizaciones fueron justificadas como una necesidad para permitir el juego limpio de la competencia en mercados como las telecomunicaciones, la energía y el transporte aéreo. En esa filosofía, el Estado no puede ser accionista de uno de los operadores que compiten, a la vez que regula el funcionamiento del mercado.

Otro fundamento de esas operaciones es la apertura a los pequeños inversores del capital de empresas sólidas donde invertir sus ahorros. Los gobiernos socialistas de Felipe González y los populares de José María Aznar impulsaron de forma decidida ese proceso.

Los años más intensos fueron 1997 y 1998, en la primera legislatura de Aznar. Esos dos ejercicios, el Estado ingresó 25.000 millones de euros gracias a la colocación de las últimas participaciones que tenía en Telefónica, Repsol YPF, Endesa y Tabacalera.

Esa inyección de liquidez equivale al 2,5% del PIB de esos años y permitió que España dejara sus cuentas preparadas para acceder a la Unión Monetaria Europea.
Cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder, en marzo de 2004, casi todo estaba hecho. En su mandato, sólo se han privatizado Clinisas e Inisas (dos pequeñas sociedades de asistencia sanitaria y seguros, respectivamente) y algunas participaciones en Red Eléctrica (REE) y Aldeasa.

Ahora está en marcha el proceso para la venta de los astilleros de Izar. El Gobierno estudia diversas ofertas por esas instalaciones. También ha sido abierto el proceso de venta de Equipos Termometálicos (ETM).
En cualquier caso, los ingresos nunca alcanzarán los obtenidos con la colocación en bolsa de las joyas empresariales.