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Entre el cambio y el candidato, el FMLN escogió el candidato

La sólida ventaja de ARENA sobre el FMLN en la competencia presidencial, no se debe tanto a que los tres gobiernos anteriores de aquel partido hayan creado empleo, u ofrecido más oportunidades a la juventud, o ampliado la cobertura y mejorado la calidad de la educación y la salud de manera asombrosa, o reducido el déficit habitacional, o impulsado el agro de tal manera que fuera una de las fortalezas del país en la negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, o que hubiera desarrollado la infraestructura nacional, de forma tal que los costos de la producción industrial se hayan reducido como para que los productos salvadoreños fuesen competitivos en los mercados internacionales, sino al éxito de su campaña electoral, centrada en la persecución de las pandillas. El gobierno y el partido de Flores han sabido encontrar una veta muy sensible y la han explotado bien. Mientras que su adversario principal, el FMLN, no ha podido o no ha sabido contrarrestar su impacto.

Las maras, que en las evaluaciones anteriores del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), a duras penas eran mencionadas como un problema nacional, ahora aparecen, en la última medición, al lado de la delincuencia (20.8 y 24.4%). Estos dos problemas y la violencia ocupan el primer lugar en la lista de las necesidades de la población (48.2), con lo cual han desplazado a los económicos —desempleo, pobreza, economía y costo de la vida—, aunque sin hacerlos desaparecer del panorama (41.7%). En las últimas evaluaciones del Instituto, antes de la campaña electoral, estos temas habían desplazado a un segundo lugar a la delincuencia y la inseguridad. Esta valoración coincidía con la del director de la Policía de entonces, quien también era de la opinión que había menos delincuencia e inseguridad y así lo difundió el gobierno de Flores. Sin embargo, en vísperas de la campaña electoral, el país seguro se volvió inseguro y los delincuentes volvieron a aparecer, en la forma de maras.

La situación del país sigue siendo mala para más de la mitad de su población y la situación económica se ve todavía peor (60%), aunque no tanto como en las encuestas anteriores; la economía familiar está algo mejor. En esto último, las opiniones casi se dividen en partes iguales, entre buena y mala. El desacuerdo con las últimas medidas gubernamentales importantes es llamativo. Más de la mitad de la población está a favor de entregar el 8 por ciento del presupuesto nacional a las municipalidades, la mayoría está en contra de haber enviado tropas salvadoreñas a Iraq y un poco más de la mitad asegura que el gobierno no cumple con los compromisos contraídos en los acuerdos para poner fin a la huelga en el Seguro Social. En lo único que hay acuerdo masivo es en el plan “mano dura” y en su eficacia para poner fin al problema de las maras.

No obstante estas evaluaciones, ARENA ganaría la primera vuelta de las elecciones presidenciales contra el FMLN (41 versus 22.3%). Más de la mitad de la gente piensa que ARENA ganará las elecciones —contra un 25.7% que opina que ganará el FMLN—. La mayoría piensa que ARENA tiene el mejor candidato y que su voto no cambiará, en los meses que quedan hasta marzo del próximo año. Esto, aun cuando más de la mitad de la población cree que ARENA no cumplirá su promesa de prestar más atención a lo social. Así, pues, ARENA ha ganado el terreno perdido hace cuatro meses, hasta colocarse en la delantera de la competencia.

La cuestión es, entonces, el FMLN, el partido que ofrece cambio de gobierno y de políticas económicas y sociales. Hace cuatro meses, este partido estaba 17 puntos por encima de ARENA y ahora se encuentra 19 por debajo. De hecho, la gente percibe que las ofertas más importantes de este partido son rebajar las tarifas de los servicios, poner en circulación el colón otra vez y revertir las privatizaciones. Pero esto no parece ser suficiente, ya que la mayoría piensa que el FMLN no está preparado para gobernar (56%); sólo un poco más de un tercio lo considera una oportunidad para el cambio. Casi la cuarta parte no votaría por este partido, independientemente de quien sea el candidato, y una mayoría (61%) se siente lejana a él frente a un tercio que se considera cercano. El candidato no contribuye a aumentar los votos a favor del FMLN, en una elección donde, a diferencia de elecciones pasadas similares, aquél es más importante que éste (53.6 versus 32.5%). En buena medida, este cambio es obra de los mismos partidos y sus campañas propagandísticas, que privilegian lo personal sobre lo programático y estructural. En las preferencias, Handal aparece en tercer lugar, por debajo de Silva. El candidato del partido oficial está a la cabeza (48%), seguido de Silva (16.7) y Handal (14.6%). El rechazo al candidato efemelenista es mayoritario —el 44.4% nunca votaría por él—. Estas apreciaciones son las de una población que, fundamentalmente, se considera de derecha (32.4%) y de centro (22.8%), contra el 15% que se cree de izquierda.

La polarización de la cual son protagonistas ARENA y el FMLN, no favorece a este último. Esa polarización se manifiesta en varios temas importantes como si el FMLN ha o no ha beneficiado al país, si ARENA ha hecho bien o mal, si debe seguir o no en el gobierno, si privatizará la salud y la educación, si se considera lejano o cercano a dicho partido, si el FMLN convertirá al país en otra Cuba, donde las opiniones están divididas de forma muy pareja con una leve diferencia, la mayor parte de las veces, favorable a ARENA. Esta polarización de opiniones no es positiva para el FMLN, que no ha sabido aprovechar el descontento existente con la política económica y social de los tres gobiernos de ARENA. Mientras que Saca y ARENA, apoyados en la persecución a las pandillas, han roto con el esquema tradicional del partido, al mismo tiempo que desplazaron su discurso hacia el centro.

Esto tampoco ha favorecido a Silva y su Coalición, pese a que casi un cuarto de la población se considera de centro. La mitad no ve a la Coalición como alternativa y no le da posibilidad de triunfo (7.4%). Además, la gente cree que no ganará (1.8%). La gran mayoría se siente lejos de ella y de Silva (68.3%), con lo cual se aproxima al PCN —del cual tres de cuatro dicen estar lejanos—. Un poco más de la cuarta parte de la población identifica a la Coalición con el FMLN, no obstante el derechismo de la dirigencia demócrata cristiana; lo cual significa que ésta pesa menos que la del Centro Democrático Unido, históricamente más próxima a aquel partido. Esta es la peor evaluación personal de Silva, aun cuando muy pocos dicen que no votaría por él (9.3%).

A diferencia de otras elecciones, hay mucho interés en este proceso electoral y en ir a votar en marzo del año próximo, aun cuando también hay muy poca confianza en las elecciones y bastante seguridad de que habrá fraude.

ARENA ha tenido éxito en obviar la realidad con su “populismo punitivo”. Ha sabido ocultar la crisis económica y social con las maras y ha hecho creer que, con la represión, el país va a mejorar de alguna manera. Ha lanzado una campaña represiva sumamente popular y muy barata, que muestra un gobierno firme y eficaz, comprometido con la seguridad y tranquilidad ciudadanas. Su habilidad ha consistido en enfatizar una fortaleza —la represión— ante un problema social de enormes proporciones, mientras esconde su debilidad mayor, después de quince años en el gobierno. Así, no obstante la insistencia del FMLN en lo económico y social, éstos no son tomados en cuenta por la población a la hora de decidir por qué partido votar. El juicio sobre los partidos y candidatos y la decisión de por quién votar se hacen desde la necesidad inmediata, en buena medida, inducida; aunque también es una actitud con gran arraigo cultural.

El FMLN, en cambio, no ha sabido o no ha podido aprovechar las debilidades de ARENA, de su gobierno y su candidato. Es un partido que no atrae los suficientes votos nuevos como para ganar, sino que sigue descansando en su voto duro. Por eso, está a punto de perder las elecciones presidenciales en la primera vuelta. Dadas las circunstancias prevalecientes en el país, el cambio de gobierno y la modificación de las políticas económicas y sociales eran un campo abonado para cosechar un sonado triunfo en las urnas. Pero eso sólo podría haberlo hecho un candidato muy diferente al elegido por el FMLN. Entre el cambio social y el candidato, el FMLN relegó el cambio y se decidió por el candidato. El peso histórico de los liderazgos antiguos pudo más que la racionalidad política.

Los salvadoreños frente a las elecciones presidenciales de 2004

Casi la mitad de los salvadoreños muestra mucho interés en el próximo proceso electoral, según revela la más reciente encuesta de opinión realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador. El sondeo, efectuado con los propósitos de recoger la opinión de los ciudadanos sobre las elecciones presidenciales del próximo año y de conocer las preferencias partidarias de cara a dichos comicios, se llevó a cabo entre el 3 y el 10 de octubre del año en curso, con una muestra total de 1,291 entrevistas a adultos a escala nacional, con un error muestral del más/menos 2.7 por ciento.

La pesquisa revela que, a diferencia de consultas públicas anteriores sobre los procesos electorales, hay un significativo porcentaje de personas que sienten un fuerte interés por las elecciones para elegir el próximo presidente salvadoreño. La consulta pública realizada por la UCA muestra también que en esta ocasión sólo una tercera parte de los salvadoreños dijo tener poco o nada de interés en el proceso electoral. Asimismo, un poco más del 40 por ciento de los ciudadanos consultados por la Universidad Centroamericana mostraron mucho interés por asistir a votar en el próximo evento electoral. Los porcentajes de interés en la participación electoral constituyen los más elevados registrados por una encuesta del IUDOP en los últimos años.

La encuesta reveló además que los salvadoreños siguen señalando los mismos problemas nacionales de siempre: delincuencia, desempleo, pobreza, la crisis económica, etc. Sin embargo y a diferencia de pesquisas anteriores, un porcentaje importante de ciudadanos, uno de cada cinco, señaló particularmente a las maras como el problema fundamental del país.

En este tema, la encuesta consultó a los ciudadanos sobre el Plan Mano Dura y la Ley Antimaras impulsados por el Ejecutivo. El 88 por ciento de los salvadoreños consultados se mostró a favor del Plan Mano Dura, mientras que un 10 por ciento se mostró en contra. Además, la mitad de los consultados cree que el plan en contra de las pandillas dará mucho resultado para reducir la delincuencia provocada por las maras. Sin embargo, cuando se preguntó a los ciudadanos si el gobierno ha impulsado el Plan Mano Dura y la Ley Antimaras con el objetivo político de ganar votos para el partido ARENA, casi la mitad de la población, el 47.6 por ciento contestó afirmativamente, mientras que casi la otra mitad, el 44.6 por ciento, rechazó esa idea.

Otro aspecto importante de la realidad salvadoreña que tiene mucho impacto en la conformación de la opinión pública de carácter político es la conflictividad laboral en torno al Seguro Social. El sondeo de la UCA preguntó a los ciudadanos si creían que el gobierno está cumpliendo con todos los compromisos adquiridos en la mesa de negociación. La mitad de los salvadoreños piensan que la administración Flores no está cumpliendo con los compromisos para resolver el problema del Seguro Social, mientras que el 22 por ciento piensa que el gobierno sí está cumpliendo y un 8 por ciento señaló que el gobierno está cumpliendo sólo con algunos compromisos. El resto se abstuvo de responder.

Por otro lado, se preguntó a los ciudadanos si el FMLN representa una oportunidad para gobernar y cambiar al país o, si por el contrario, el FMLN no está preparado para gobernar. Un poco más de la mitad de la gente consultada, el 56 por ciento, dijo que el Frente no se encuentra preparado para gobernar al país, mientras que algo más de la tercera parte de la gente, el 35.8 por ciento sostuvo que el FMLN representa una oportunidad para cambiar de forma positiva al país. El resto de la gente no supo dar una opinión.

Los resultados indican que alrededor del 44 por ciento de los salvadoreños no tienen partido político preferido; el resto de la gente se divide básicamente entre los dos partidos más grandes: ARENA que se lleva el 28.7 por ciento de las preferencias políticas partidarias, seguido del FMLN con el 17.3 por ciento. Los partidos restantes no logran reunir más del 5 por ciento de las simpatías populares: la Coalición PDC-CDU se lleva el 2.2 por ciento de las preferencias políticas, mientras que el PCN el 1.9 por ciento.

Sin embargo, las preferencias partidarias no siempre concuerdan con las intenciones concretas de votar por parte de los ciudadanos. En la definición del voto intervienen varios factores y, en el caso de las elecciones presidenciales, la variable de los candidatos puede jugar un papel importante. Así, la encuesta de la UCA preguntó a los ciudadanos sobre el aspecto que más valoran a la hora de decidir el voto: el candidato o el partido político.

Las respuestas señalan el valor que los salvadoreños atribuyen al candidato. Más de la mitad de la gente señaló que lo más importante a la hora de votar es el candidato; mientras que una tercera parte señaló al partido político. El 10 por ciento indicó que ambos aspectos son igualmente importantes y el resto de la población no supo responder a la pregunta.

En tales circunstancias, el sondeo reveló que el 48 por ciento de los encuestados ven a Tony Saca como el mejor candidato a la presidencia de la república, seguido por el 16.7 por ciento que señaló a Héctor Silva y el 14.6 por ciento que se decantó por Schafik Handal. El resto de la gente señaló que ningún candidato le simpatiza o se abstuvo de contestar a la pregunta.

En sentido contrario, la encuesta de la UCA también preguntó por el candidato por el cual nunca votaría, y en ese caso Schafik Handal reunió un 44.4 por ciento de respuestas de rechazo, seguido de Tony Saca con el 23.5 por ciento y Héctor Silva con el 9.3 por ciento. El resto de la gente dio otras respuestas.

Así, cuando se trata específicamente de las intenciones de voto para las próximas elecciones presidenciales, los resultados muestran una notable ventaja del partido ARENA sobre el resto de los partidos contendientes. De toda la población encuestada, el 41.1 por ciento dijo que votaría por ARENA, el 22.3 por ciento señaló que votaría por el FMLN, el 7.4 por ciento sostuvo que apoyaría al PDC-CDU y sólo el 2.9 por ciento dijo que votaría por el PCN. El resto de la gente se dividió en decir que no votaría por partido alguno y en abstenerse de brindar su intención de voto.

Estos resultados muestran un sensible desplazamiento de las intenciones de voto con respecto a la última encuesta de preferencias políticas realizada por la UCA. Tales desplazamientos han favorecido notoriamente al partido ARENA quien se encontraba en franca desventaja hace sólo cuatro meses. Un dato que puede ayudar a explicar ese desplazamiento es que según los resultados de la actual encuesta, sólo la tercera parte de la población piensa votar por el mismo partido para el que votó en las elecciones legislativas del 2003; el resto de la gente se ha movido en términos de participación: un 35 por ciento de la gente que piensa votar en estas elecciones no votó en los comicios pasados y casi un 12 por ciento piensa cambiar definitivamente su voto. En tal sentido, los cambios en las tendencias electorales se explicarían en buena medida por la aportación de votantes que no asistieron al evento electoral anterior.

De hecho, un análisis de las intenciones de voto en función de la forma en que los mismos ciudadanos votaron en las elecciones anteriores señala que ARENA integra su base potencial de votantes con la mitad de sus votantes en la elección anterior, más un 23.1 por ciento que no votó en las elecciones anteriores y casi un 17 por ciento de personas que votaron por otros partidos en el 2003. En el caso del FMLN, la composición de su voto actual proviene en un 72 por ciento de su propios votantes del 2003, de un 12.6 por ciento de personas que no votaron en las elecciones pasadas y de un 10.1 por ciento aproximadamente que votó por otros partidos. Finalmente, en la configuración del voto del PDC-CDU intervienen fundamentalmente las personas que votaron por otros partidos, en especial el FMLN y ARENA.

En resumen, la encuesta cursada por el IUDOP de la UCA a principios de octubre muestra un escenario inusualmente dominado por cierto interés en el proceso electoral y muestra una correlación política claramente favorable al partido de gobierno. Esta configuración de las preferencias políticas sugiere un fuerte desplazamiento de la opinión pública en los últimos meses. Este desplazamiento parece ser el producto combinado de varios factores. En primer lugar, de la entrada prematura de los partidos a la campaña electoral, lo cual ha sido más aprovechado por ARENA que por el resto de partidos a través del programa de visitas de su candidato al interior del país y de su presentación masiva en los medios de comunicación. En segundo lugar, por las dificultades en la imagen mediática del candidato del FMLN, el cual no ha logrado mantener las simpatías políticas hacia su partido conseguidas hace algunos meses. Y en tercer lugar, y de manera decisiva, por la implementación del Plan Mano Dura por parte del gobierno. Dicho plan no sólo ha contribuido a mejorar notablemente una imagen deteriorada de la administración Flores, sino también ha resucitado las posibilidades de victoria de ARENA.

Tráfico ilegal de personas

En el recién pasado siglo, durante la década de los ochenta, familias enteras abandonaban el territorio nacional huyendo del conflicto bélico que por doce años asoló al país. Finalizada la guerra y pese a las promesas de construir un nuevo El Salvador, la gente sigue saliendo en igual o mayor cantidad; ya no escapa al extranjero por la violencia política y los combates militares, sino que lo hace por la difícil situación económica y social que afecta a la mayoría de la población. He ahí uno de los resultados más notorios y lamentables de las políticas excluyentes impulsadas por los tres sucesivos gobiernos del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), a favor de unos pocos y en perjuicio de los muchos que no encuentran oportunidades de desarrollo humano integral y digno en su propio suelo. Es tal la cantidad de salvadoreñas y salvadoreños en el extranjero, que la economía nacional se sostiene gracias a esas personas que un día comprendieron que acá no hay salida posible, ni siquiera para sobrevivir.

Es necesario recordar los escasos datos de referencia acerca del tema. El último censo de población realizado en el país es de 1992. De entonces a la fecha, no existe cifra oficial sobre la población que vive en el país ni acerca de la gente que ha salido de mismo y reside en el extranjero. El gobierno sólo reconoce la cantidad aproximada de dos millones doscientas quince mil personas que se encuentran fuera de El Salvador. Lo demás son aproximaciones y estimaciones. Eso sí, los números son claros respecto al gran aporte que supone para la supuesta “estabilidad macroeconómica” de la que presumen los “areneros”; se trata del dinero remesado por estos que llaman ”hermanos lejanos”. Tan es así que las cuentas gubernamentales no cuadran si no se considera ese enorme monto, que más o menos representa el trece por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Una de las consecuencias directas de la migración es la desintegración familiar. La costumbre es que sea el padre el que migre, mientras la madre realiza acá varios trabajos para que el resto de la familia subsista en espera de las ansiadas remesas. En tal escenario, no pasa una semana sin que aparezca la noticia del caso de uno o varios salvadoreños repatriados a nuestro país después de intentar ingresar —sin éxito— a los Estados Unidos de América. El caso más dramático es el de los niños y las niñas que viajan para reunirse con sus familiares que trabajan allá; sin duda, porque existen trágicas pruebas de ello, es un viaje infinitamente peligroso para esas criaturas. Pese a que sus familiares invierten grandes sumas de dinero en estos desplazamientos clandestinos, la seguridad y las condiciones del viaje son en extremo arriesgadas para todas las personas, pero de manera especial para las y los niños. Durante el trayecto, la mayoría termina siendo víctima de explotación sexual, secuestros, violaciones y maltratos, tanto físicos como psicológicos.

Además de aquellos que han impuesto condiciones de vida tan desfavorables en nuestro país mediante una economía fundada en el lucro egoísta y no en el bien común, hay otros responsables de estas tragedias: los integrantes de las bandas que mueven a nuestra gente del país al exterior. Los procedimientos de los “coyotes” o “polleros” no son nada bondadosos y es la niñez migrante quien sufre las peores consecuencias. Y a eso contribuye la precaria legislación salvadoreña, que resulta propicia para que éstos amasen grandes fortunas a costa de los sueños de los más pobres. Antes del 2001, esta actividad no era considerada un delito. Muestra de ello es la banda liderada por Berta Parada Campos, que operaba desde hace 14 años y se había especializado en llevar niñas y niños; se habla de casi cincuenta por semana. Sin embargo, estos individuos son vistos en sus comunidades como los héroes locales, al haber ayudado a miles de familias a conseguir el “sueño dorado”.

Los casos en que los traficantes de personas son detenidos y puestos en libertad son incontables; es más, hasta el momento no existe uno que haya llegado a la fase de sentencia o el imputado haya sido condenado, pese a que el Código Penal reconoce el tráfico de menores como un delito. A veces, el problema radica en que los jurados de conciencia valoran más la reunificación familiar del menor que la motivación del delito. Además, demostrar con cifras lo peligroso del tráfico de menores hacia el norte de América es casi imposible pues se trata de una actividad ilegal apenas registrada por las autoridades.

Más allá de un débil sistema de justicia como el nuestro, sin la independencia e imparcialidad necesarias, las legislaciones internacionales de derechos humanos han definido este tipo de delitos como crímenes contra la humanidad; para evitar la impunidad en estos casos, se plantean como delitos imprescriptibles. Debido a esto, en la práctica, la persecución de estos delitos sólo puede realizarse mediante la acción y cooperación judicial internacional, pues de poco sirven las acciones aisladas y descoordinadas en cada uno de los países.

No obstante lo anterior, en este marco cabe recordar que la reunificación familiar es un derecho humano básico; a través de ésta, se busca mejorar las condiciones de vida del trabajador migrante y de su familia. Además, es uno de los derechos reconocidos por la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, de la que El Salvador forma parte.

Considerando todos estos aspectos y otros, la situación es realmente compleja. ¿Cómo oponerse a estas salidas cuando el “gobierno del Presidente Francisco Flores” se ha destacado por profundizar la crisis, al no ofrecer oportunidades para el desarrollo local y la agricultura? Ante la migración masiva, que fundamentalmente se produce por razones económicas y laborales, el titular del Ejecutivo juega al avestruz escondiendo la cabeza bajo la tierra.

Pero una cosa sí es cierta: que la escasa legislación existente en este ámbito es una muestra clara y directa de que los gobiernos —no sólo el salvadoreño, sino los de toda la región— optan por aquellas decisiones que les rinden más beneficios y les plantean menos obligaciones. Ahora ofrecen, como respuesta al fenómeno, políticas migratorias policiales que pretenden sustentar recurriendo a “razones de seguridad nacional”, frente a quienes enfocan la temática desde una óptica más amplia y comprensiva que incluye aspectos sociales, laborales, culturales y económicos. El resultado: el predominio de un tipo de trabajador migrante clandestino, indocumentado y dispuesto a ser explotado en jornadas extenuantes, en condiciones laborales indignas.

Es necesario, entonces, contar con una política migratoria que abarque tanto la revisión de la legislación actual, como los procedimientos y las competencias de las autoridades. Esto guarda estrecha relación con la posible firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América, que con tanto entusiasmo está impulsando Flores. En ese “acuerdo comercial”, la libertad para la migración de personas que se tolerará estará relacionada con aquellas que puedan desempeñar puestos de trabajo cualificados, para lo cual deberán poseer una preparación teórica o técnica previa. Y ese no es el caso de la mayoría de salvadoreñas y salvadoreños que salen del país, en busca de una mejor vida.

Ese es el cuadro. Dentro del mismo, el tercer gobierno de ARENA sigue sin asumir la triple responsabilidad que le corresponde ante una problemática tan complicada. Primero: proceder con más contundencia contra las bandas que trafican con las personas y que se están lucrando de las situaciones precarias que padecen los más necesitados; más aún, el castigo de los “coyotes” debe ser ejemplarizante cuando se trata de desplazamiento de niñas y niños. Segundo: debe asumir un papel más protagónico para que las migraciones sean reguladas y controladas, evitando así los abusos y la explotación que padece tanta gente en el trayecto hacia el país de destino. Tercero: tiene que establecer condiciones de vida dignas en nuestro país para la mayoría de nuestra población, para que ésta no se vea obligada a emigrar.

Por último, es importante considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió —el 17 de septiembre del presente año— la Opinión Consultiva OC-18/03 solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, sobre la condición jurídica y los derechos de los trabajadores migrantes. Esa resolución deberá ser tomada con mucha seriedad por el Estado salvadoreño, cosa que no acostumbra a hacer, sobre todo con Flores en Casa Presidencial, en el marco de las negociaciones y compromisos del citado TLC. Sobre todo cuando la Corte Interamericana establece en dicha Opinión Consultiva que “la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a los Estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración, inclusive el estatus migratorio de las personas”.