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La campaña subterránea de ARENA

Las últimas encuestas de opinión pública, más allá de sus diferencias metodológicas y de sus resultados puntuales, coinciden en un hecho fundamental: desde diciembre del año pasado, el FMLN vendría acortando la distancia que lo separa de ARENA en las preferencias electorales de los salvadoreños. Para algunos, esa distancia se habría acortado tanto que prácticamente ambos partidos estarían, en la actualidad, virtualmente empatados. Para otros, apoyándose en unos presuntos sondeos de opinión discutidos sólo en círculos cerrados del poder político y económico, el partido de izquierda estaría superando en estos momentos a ARENA en las simpatías ciudadanas. Como quiera que sea, lo relevante es que hay suficientes indicios que respaldan la tesis de que, en los últimos dos meses, el FMLN se ha acercado a ARENA en la intención de voto de los ciudadanos. Si eso es cierto, de lo que se trata, en primer lugar, es de reflexionar por qué ello es así; y, en segundo lugar, de indagar sobre cómo el partido de derecha está encarando el desafío que le plantea el posicionamiento positivo del FMLN en las preferencias electorales de los salvadoreños.

Un primer elemento que podría ayudar a entender el relativo declive de ARENA es el agotamiento de su campaña política. Las razones de ese agotamiento son varias, pero conviene fijarse en tres que son importantes. En primer lugar, la insistencia en temas, imágenes y estribillos que, a fuerza de ser repetidos, han terminado por saturar a la población hasta exacerbar la paciencia de los más tolerantes.

En segundo lugar, el uso de temas que son un arma de doble filo: los más socorridos han sido el del “éxito individual” que se personifica en Elías Antonio Saca, el Plan mano dura y, más recientemente, el de los Tratados de Libre Comercio. La propaganda de ARENA olvida que la mayoría de salvadoreños ha trabajado incansablemente toda su vida —al igual que lo hicieron sus padres y abuelos—, sin haber logrado convertirse en empresarios ricos y exitosos. También olvida que el Plan mano dura es, además de ilegal en muchos aspectos, costoso e insuficiente para combatir la criminalidad en el país. Por último, también hace caso omiso del impacto negativo del Tratado de Libre Comercio sobre las micro, pequeñas y medianas empresas que no cuentan con los recursos productivos y tecnológicos para competir con las grandes corporaciones nacionales e internacionales que se llevarán los mayores beneficios de la apertura comercial.

En tercer lugar, el haber supuesto que los salvadoreños y salvadoreñas no serían capaces de relacionar la publicidad arenera con su propia realidad cotidiana de limitaciones de todo tipo, tanto en empleo y salarios, como en salud, educación y vivienda. Es cierto que muchas personas todavía no son capaces de establecer esa vinculación, lo cual las convierte en presas fáciles de la manipulación publicitaria y de las falsas esperanzas que esta crea. Sin embargo, un segmento significativo de salvadoreños y salvadoreñas ha dado ese paso; ha conectado los quince años de gobiernos de ARENA con la promesa de Elías Antonio Saca de “lo mejor está por venir” y ha recordado las promesas de un futuro mejor hechas en su oportunidad por Armando Calderón Sol y Francisco Flores. A la luz de esa herencia de quince años de gobiernos de ARENA —que han dejado como saldo el empobrecimiento de la clase media, el deterioro del agro, un país endeudado, un sistema tributario inequitativo, así como una economía centrada en la maquila y dependiente de las remesas—, lo que Saca pueda ofrecer de distinto suena a promesas vacías y poco creíbles.

En resumen, la campaña de ARENA se ha agotado porque lo que Elías Antonio Saca ofrece es más de lo mismo. Cuando los ciudadanos caen en la cuenta de ello, el ansia de cambio se apodera de ellos, sin que tal cosa suponga que el cauce de esa ansia sea el FMLN. Y es que el partido de izquierda, más que por méritos propios, ha ascendido en las preferencias de la población gracias al fracaso de la campaña de ARENA. La mejor prueba de ello es que, para quienes desean un cambio en la conducción del país a nivel del Ejecutivo, el FMLN no es la principal apuesta. Lo hecho por el partido de izquierda —los esfuerzos por hacer público su programa de gobierno y las visitas casa por casa— han sido insuficientes para convertirlo, a los ojos de la mayoría de salvadoreños, en una alternativa viable para relevar a ARENA del Ejecutivo. Al FMLN le queda mucho camino que recorrer para hacer frente al fantasma de la incertidumbre que muchos ven aparecer ante sí cuando piensan en un posible gobierno efemelenista.

Volviendo a ARENA, sus estrategas, jerarcas y asesores no se han quedado con los brazos cruzados, viendo como su principal rival se acerca e incluso amenaza con arrebatarles el poder. La campaña sucia se ha convertido en uno los recursos más apropiados para contener el avance, presunto o real, del FMLN. Para llevar adelante esa campaña, ARENA ha contado y cuenta con el apoyo de importantes medios de comunicación, en los cuales se han abierto espacios para que analistas y comentaristas de las más distintas trayectorias lancen sus dardos contra el FMLN y alienten el miedo entre la población. Es decir, la campaña sucia de ARENA tiene como su principal eje, por lo menos en estos momentos, la creación de una cultura del miedo entre los salvadoreños: miedo acerca de lo que le puede suceder a cada uno, en sus bienes, seguridad y familia, de ganar el FMLN las elecciones de marzo de este año.

Esta campaña para crear una cultura del miedo en la población es pública; los periódicos, la radio y la televisión hacen eco de ella. Pero también es una campaña subterránea que se hace en empresas públicas e instituciones financieras donde funcionarios de alto nivel o analistas políticos —algunos de ellos, ex guerrilleros convertidos al neoliberalismo— reúnen a empleados y trabajadores para hacerles ver lo mal que la pasarán si llegara a ganar las elecciones el FMLN, comenzando por la pérdida de sus puestos de trabajo. El mensaje, que no el mandato, que se da a empleados y trabajadores es que voten por ARENA.

En ARENA, pues, las cosas no marchan como quisieran sus jerarcas, ideólogos y publicistas. Que tengan que recurrir a una campaña subterránea, a todas luces ilegal y denigrante para quienes son obligados a someterse a las letanías de los propagandistas del partido, es la mejor señal de los temores que los tienen acorralados.

¿Quién protege a la justicia?

El número de personas que mueren a diario en el país, fruto de la violencia generalizada que padecemos de una u otra forma, ha aumentado seriamente en las últimas semanas. Eso no nos extraña, pues conocemos la dolorosa realidad salvadoreña. No obstante, inquieta que algunas de las personas asesinadas recientemente hayan tenido un nexo común: querían colaborar con la justicia, porque presenciaron un crimen y se encontraban a la espera de la celebración del juicio para declarar contra los responsables del mismo. Pero desgraciadamente, como casi siempre ocurre por acá, los impunes victimarios fueron más rápidos.

La propaganda oficial sobre el combate a la criminalidad y la reducción de los elevados índices de inseguridad, sitúan constantemente a El Salvador como uno de los más agresivos y diligentes en ese esfuerzo; hay quienes sostienen que es el que más se destaca en el continente. Sin embargo, está claro que el actual Presidente de la República no resolverá el problema en el corto tiempo que le queda de su mandato. Por mucho que ahora quiera figurar públicamente, llegó tarde y lo está haciendo bastante mal. Ni ordenándole a la Policía Nacional Civil (PNC) que se dedique casi exclusivamente a combatir las “maras”, ni contando con el apoyo de la Fuerza Armada para labores de seguridad pública, ha podido reducir la violencia y garantizarle seguridad a la población.

La razón es bien sencilla y bastante lógica: las pandillas juveniles no son sólo las únicas ni las principales responsables de todos los homicidios dolosos ni de otros delitos que ocurren diariamente en nuestro país. Francisco Flores insiste en señalar a la delincuencia juvenil organizada. Como seguramente le han aconsejado y conforme a su práctica habitual, Flores asume la cómoda posición de echarle la culpa a otros; casi hace dúo con un cantante mexicano, entonando esa estrofa que dice: “Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui”.

En lugar de responsabilizarse seriamente —tras hacer un análisis crítico de la situación— y tomar decisiones que refuercen al sistema de justicia, opta por lanzar discursos trasnochados llenos de acusaciones para las demás instituciones. En esta ocasión, según el todavía Presidente, la culpa la tienen los jueces porque no aplican la más que cuestionada “Ley antimaras”

Antes de valorar sus comentarios, es necesario recordar que todavía sigue pendiente el dictamen de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este deberá definir si la ley diseñada por el “lujoso” equipo de asesores jurídicos de Casa Presidencial, respeta o no lo establecido en nuestra vigente Constitución. Por tanto, resultan demasiado precipitadas —por no decir otra cosa— las declaraciones de Flores y sus intentos por liberarse de responsabilidad. No se puede reprochar a las y los jueces su negativa a aplicar esta ley, mientras no se dé este fallo judicial. En todo caso, el Presidente debería lanzar sus dardos hacia la Sala de lo Constitucional pues la gravedad de la problemática exige que resuelvan —con urgencia— la cuestión de inconstitucionalidad pendiente.

Pero no lo hace, quizás por los favores que les debe a cuatro miembros de dicha Sala. En cambio, Flores insiste en reprochar temerariamente a las y los jueces por liberar a la mayoría de los pandilleros detenidos tras la vigencia de la mentada ley especial y el llamado “Plan Mano Dura”. “El pueblo les pasará la factura”, se atrevió a decir públicamente el poco apoyado aspirante a Secretario general de la Organización de Estados Americanos. Este tipo de declaraciones constituye una clara injerencia en la función de juzgar. Tanto así que ha provocado la reacción de la judicatura a través de una de sus asociaciones: la del Foro de Jueces Democráticos e Independientes. Mediante un inusual escrito dirigido a la Corte Plena —o sea, a los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia— dicho Foro le solicitó al máximo tribunal intervenir para que el Ejecutivo respete la independencia judicial. Para tal fin, piden que de ahí salga un pronunciamiento oficial hacia la Presidencia de la República en aras de frenar esa escalada de autoritarismo.

Mientras tanto, la Comisión Especial Anti Maras —léase el grupo de confianza que Flores juntó para obtener respaldo político y llevar a cabo su plan— guarda silencio. Ni Juan Antonio Martínez Varela ni Francisco Bertrand Galindo, han dicho “esta boca es mía”; mucho menos Juan José Daboub, que se mantiene callado esperando que la Asamblea Legislativa apruebe el Presupuesto General de la Nación. El único miembro de esa Comisión que insiste en la necesidad de vigorizar la oferta presidencial es Ricardo Meneses, director de la PNC. Que Flores siga machacando en querer darnos atol con un dedo de su publicitada “mano dura”, lo pone públicamente en ridículo.

Como a final de cuentas no le resultó su jugada electorera de la forma que esperaba, ahora se ha lanzado a reclamar tribunales especiales antimaras. De su nombre se desprende que en éstos, de concretarse, la imparcialidad quedaría más que en entredicho. Lo que Flores busca imponer es un trámite veloz para que el tránsito de los delincuentes juveniles de las bartolinas judiciales al centro penal, sea sólo un simple requisito. Ninguno de los dos gobiernos anteriores ni el suyo —administrados todos por el Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)— se han preocupado de verdad por las víctimas de este y otros tipos de violencia, tan generalizados en nuestro país. Por desgracia, es imposible resolver en menos de un año lo que no se ha hecho en más de catorce.

Mientras tanto, entre los problemas actuales que más afectan a nuestra sociedad se encuentra el de asegurar que los presuntos culpables de diversos delitos sean juzgados y condenados conforme a la ley. Las acusaciones fiscales se apoyan, sobre todo, en declaraciones de testigos presenciales. Pese a contar con medios y profesionales capacitados, no se profundizan las pesquisas ni se buscan otro tipo de evidencias. En medio de la marcada debilidad de nuestro sistema de justicia, esos testigos mueren “en extrañas circunstancias” antes de celebrarse la vista pública. Así, la impunidad se perpetúa al quedar libres los presuntos culpables por falta de pruebas.

La situación se agrava por las negligentes faltas de coordinación que existen entre la PNC y la Fiscalía General de la República. Funcionarios policiales aseguran que ellos no pueden proteger la vida de los testigos, mientras no se lo ordenen. Y Belisario Artiga, el Fiscal General, rechaza esas afirmaciones diciendo que a la PNC le corresponde reforzar la seguridad de las zonas donde se encuentran éstos. El resultado ya lo conocemos: la gente que quiere colaborar con la justicia sigue muriendo por la incompetencia de la institucionalidad.

Dentro de la Fiscalía existe un programa de protección de testigos, pero no cuenta con los recursos suficientes para hacerlo realidad. De esa forma, las autoridades siguen sin querer reconocer la trascendencia que para el combate de la impunidad supone la concreción de un programa como ese. Para colmo de males, mientras altos funcionarios de gobierno se guardan las espaldas con un buen número de agentes, para las personas sencillas que quieren colaborar con la justicia no existe ni un solo policía que les acompañe.

Eso es grave. En un país como el nuestro, donde el proceso judicial se fundamenta en la prueba testimonial, que no exista una política seria de protección de testigos y víctimas demuestra la falta de voluntad para impartir justicia a toda la gente por igual. La cereza del pastel la pone Flores porque, para él, la seguridad, no la justicia, consiste únicamente en llenar de “mareros” los penales.

La oleada reciente de asesinatos a la que hacíamos referencia al inicio, ha provocado que se reabra de nuevo el debate sobre la necesidad de una ley para proteger testigos y víctimas. Sin embargo, el abordaje oficial al respecto resulta —por lo menos— cuestionable. Basta con hacernos la siguiente pregunta: ¿Cómo se pretende esconder a una persona en el país más pequeño y más densamente poblado de la región? La lógica lleva a pensar en la necesidad de impulsar un proyecto coordinado para toda Centroamérica, pero no se hace nada.

En realidad, estamos ante uno de los problemas que afectan de raíz a toda la sociedad; una sociedad que —más allá de la abusiva publicidad de Flores— no vive en paz sino que aún transita por una difícil etapa de posguerra, muy mal administrada por cierto; sobre todo porque no se ha combatido en serio la impunidad. Para eso, hay que partir de un principio fundamental: cuidar a víctimas y testigos es proteger la justicia. Queda, entonces, la pregunta: ¿Brillará la justicia si no se protege a lo más básico, que es a la gente decidida a colaborar —incluso arriesgando su vida— para transformar positivamente el país?