Ley N� 15737

LEY DE AMNISTIA. APROBACION DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS LLAMADA PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA. CREACION DE LA COMISION NACIONAL DE REPATRIACION

Promulgaci�n: 08/03/1985

Publicaci�n: 22/03/1985

• Registro Nacional de Leyes y Decretos:
•    Tomo: 1
•    Semestre: 1
•    A�o: 1985
•    P�gina: 895

CAPITULO I

Art�culo 1

   Decr�tase la amnist�a de todos los delitos pol�ticos, comunes y
militares conexos con �stos, cometidos a partir del 1� de enero de 1962.
 Respecto a los autores y coautores de delitos de homicidio intencional
consumados, la amnist�a s�lo operar� a los fines de habilitar la revisi�n
de las sentencias en los t�rminos previstos en el art�culo 9� de esta
ley.

(*)Notas:

Fe de erratas publicada/s: 10/05/1985.

Art�culo 2

    A los efectos de esta ley se consideran delitos pol�ticos, los
cometidos por m�viles directa o indirectamente pol�ticos, y delitos
comunes y militares conexos con delitos pol�ticos los que participan de
la misma finalidad de �stos o se cometieron para facilitarlos,
prepararlos, consumarlos, agravar sus efectos o impedir su punici�n.
  Tambi�n se consideran delitos conexos todos aquellos que concurran de
cualquier manera (reiteraci�n real, reiteraci�n formal o concurrencia
fuera de la reiteraci�n) con los delitos pol�ticos.

Art�culo 3

    Esta amnist�a comprende expresamente:
A) Los delitos del art�culo 60, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII y XII
del Cap�tulo 6 bis del C�digo Penal Militar, incorporados a �ste por el
art�culo 1� de la ley 14.068, de 10 de julio de 1972.
B) Los delitos establecidos en los T�tulos I y II del Libro II del C�digo
Penal Ordinario; y las asociaciones para delinquir (art�culos 150 y 152
del C�digo Penal y art�culo 5� de la ley 9.936, de 18 de junio de 1940)
si hubieran sido creadas con finalidades pol�ticas.
C) Los tipificados en el C�digo Penal Militar cuando se hubieran cometido
por m�viles directa o indirectamente pol�ticos, o en su m�rito se hubiere
requerido, procesado o condenado a civiles.
D) Los delitos contenidos en bandos militares dictados durante la
declaraci�n del estado de guerra.
E) En general, y sin perjuicio de los enunciados precedentemente, todos
los delitos, cualquiera sea el bien jur�dico lesionado, que hayan sido
cometidos por m�viles pol�ticos directos o indirectos. (*)

(*)Notas:

Ver en esta norma, art�culo: 12.

Art�culo 4

    Quedan comprendidas en los efectos de esta amnist�a todas las personas
a quienes se hubiera atribuido la comisi�n de estos delitos, sea como
autores, coautores o c�mplices y a los encubridores de los mismos, hayan
sido o no condenados o procesados, y aun cuando fueren reincidentes o
habituales.

Art�culo 5

   Quedan exclu�dos de la amnist�a los delitos cometidos por funcionarios
policiales o militares, equiparados o asimilados, que fueran autores,
coautores o c�mplices de tratamientos inhumanos, crueles o degradantes o
de la detenci�n de personas luego desaparecidas, y por quienes hubieren
encubierto cualquiera de dichas conductas.
    Esta exclusi�n se extiende asimismo a todos los delitos cometidos aun
por m�viles pol�ticos, por personas que hubieran actuado amparadas por el
poder del Estado en cualquier forma o desde cargos de gobierno.

Art�culo 6

    Decl�ranse extinguidas de pleno derecho las penas principales y
accesorias, las acciones penales, las sanciones administrativas y
jubilatorias, las deudas generadas por expensas carcelarias y toda otra
sanci�n dispuesta por una autoridad estatal en virtud de los delitos
amnistiados.

Art�culo 7

  A partir de la promulgaci�n de esta ley cesar�n de inmediato y en forma
definitiva:
a) Todos los reg�menes de vigilancia para las personas comprendidas en el
beneficio de la amnist�a, cualquiera fuere su naturaleza y la autoridad
que lo hubiere dispuesto. Dichas personas quedar�n autom�ticamente
eximidas de toda obligaci�n directa o indirectamente relacionada con el
r�gimen a que se hallaren sometidas.
b) Todas las �rdenes de captura y requerimiento pendientes, cualquiera
fuere su naturaleza y la autoridad que lo hubiere dispuesto, dictadas
contra personas beneficiadas por esta amnist�a.
c) Todas las limitaciones vigentes para entrar al pa�s o salir de �l, que
alcanzaren a dichas personas.
d) Todas las investigaciones de hechos que pudieren configurar cualquiera
de los delitos comprendidos en la amnist�a.

Art�culo 8

   El Supremo Tribunal Militar dentro de las 48 horas de promulgada esta
ley remitir� a la Suprema Corte de Justicia la n�mina de los reclusos en
ella comprendidos con referencia a los delitos por los que hubieran sido
acusados o condenados y al lugar de su reclusi�n.
 La Suprema Corte de Justicia dispondr� de inmediato la liberaci�n de
dichos reclusos con excepci�n de los autores y coautores de homicidio
intencional consumado, los que quedaran a su disposici�n hasta que el
Supremo Tribunal Militar remita las respectivas causas, lo que deber�
efectuarse dentro de los cinco d�as h�biles de promulgada esta ley.
Recibidas las causas la Suprema Corte de Justicia dispondr� la libertad
de estas personas y distribuir� las causas equitativamente entre los tres
Tribunales de Apelaciones en lo Penal. (*)

(*)Notas:

Ver en esta norma, art�culo: 11.

Art�culo 9

    Los Tribunales de Apelaciones en lo Penal dispondr�n de un plazo de
ciento veinte d�as para resolver si hubo o no m�rito para la condena,
pudiendo dictar sentencias de absoluci�n o de condena. En este �ltimo caso
proceder�n a la liquidaci�n de la nueva pena en la proporci�n de tres d�as
de pena por cada d�a de privaci�n de libertad efectivamente sufrida.
 Los Tribunales de Apelaciones podr�n valorar libremente las pruebas
resultantes de la instrucci�n sumarial y dictar�n sentencia en m�rito a su
libre convicci�n previa citaci�n al imputado en calidad de medida para
mejor proveer.
 En todos los casos, quedar�n sin efecto las deudas generadas por expensas
carcelarias.
 Contra la sentencia podr� interponerse recurso de casaci�n.

Art�culo 10

   La orden de libertad se cumplir� tambi�n respecto de las personas
detenidas en aplicaci�n de medidas prontas de seguridad leg�timas, por
haber sido adoptadas por una autoridad de facto y no comunicadas a la
Asamblea General ni a la Comisi�n Permanente, o en virtud de otra decisi�n
administrativa, cualquiera haya sido el �rgano o la autoridad de que
hubiere emanado y en lugar de reclusi�n en que se hubiere cumplido.  (*)

(*)Notas:

Ver en esta norma, art�culo: 11.

Art�culo 11

   El jerarca militar o policial que incumpliere o retardare el
cumplimiento de la orden de libertad referida en los art�culos 8� y 10
incurrir� en el delito previsto en el art�culo 286 del C�digo Penal
(Atentado a la libertad personal cometido por el funcionario p�blico
encargado de una c�rcel).

Art�culo 12

  Los embargos, interdicciones, secuestros y medidas cautelares de
cualquier naturaleza que afectaren a las personas alcanzadas por esta
amnist�a o a sus bienes, y que hubieren sido dispuestos como consecuencia
directa o indirecta de la imputaci�n de cualquiera de los delitos
referidos en el art�culo 3�, ser�n cancelados o levantados de oficio a
partir de la promulgaci�n de esta ley. Del mismo modo caducar�n las
fianzas personales que se hubieren exigido y otorgado con relaci�n a
dichas personas.
  Dentro de los ciento veinte d�as de la promulgaci�n de esta ley se
restituir�n a las personas amnistiadas los bienes que les hubieren sido
secuestrados, incautados o confiscados, con excepci�n de los efectos del
delito y de los instrumentos de su ejecuci�n (art�culo 105 literal a) del
C�digo Penal). En caso de no ser posible la restituci�n por haberse
destruido, rematado, enajenado o escriturado a favor del Estado los
bienes incautados o confiscados, con arreglo al Decreto-Ley 14.373, de 13
de mayo de 1975, la responsabilidad del Estado y de los funcionarios
actuantes se regular� por los art�culos 24 y 25 de la Constituci�n y
comprender� el caso en que los bienes se hayan deteriorado o inutilizado
por mala administraci�n o utilizaci�n continuada.(*)

(*)Notas:

Reglamentado por: Decreto N� 256/985 de 27/06/1985.

Art�culo 13

  En el mismo plazo de ciento veinte d�as el Poder Ejecutivo reglamentar�
la devoluci�n de las sumas depositadas por concepto de fianzas y las
percibidas por concepto de expensas carcelarias, debidamente actualizadas
por el r�gimen previsto en el Decreto-Ley 14.500, de 8 de marzo de 1976 y
con cargo a Rentas Generales. El reintegro de dichas sumas deber�
cumplirse en el plazo m�ximo de un a�o a contar de la promulgaci�n de esta
ley.  (*)

(*)Notas:

Reglamentado por: Decreto N� 256/985 de 27/06/1985.

Art�culo 14

   El Poder Ejecutivo reglamentar� las medidas procesales que ser�n
consecuencia de esta ley de amnist�a, determinando a qu� autoridad
judicial competer� el dictado de los autos de sobreseimiento necesarios
para clausurar las causas de las personas amnistiadas.  (*)

(*)Notas:

Reglamentado por: Decreto N� 256/985 de 27/06/1985.

CAPITULO II

Art�culo 15

   Apru�base la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, llamada Pacto
de San Jos� de Costa Rica, firmada en la ciudad de San Jos�, Costa Rica,
el 22 de noviembre de 1969, cuyo texto forma parte de la presente ley.(*)

(*)Notas:

Ver: Texto de la Norma Internacional.

Art�culo 16

   Recon�cese la competencia de la Comisi�n Interamericana de Derechos
Humanos por tiempo indefinido, y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretaci�n o aplicaci�n
de esta Convenci�n, bajo condici�n de reciprocidad.

CAPITULO III

Art�culo 17

  Der�ganse los art�culos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 37, 40,
41, 42, 43, 45 y 46 de la Ley de Seguridad del Estado 14.068, de 12 de
julio de 1972; Decreto-Ley 14.493, de 28 de diciembre de 1975 y
Decreto-Ley 14.734, de 28 de noviembre de 1977.

Art�culo 18

    Reincorp�ranse al C�digo Penal los art�culos 132, 133, 134, 135 y 137
con la redacci�n que el texto ten�a en la edici�n oficial de 1934.

CAPITULO IV

Art�culo 19

 (*)

(*)Notas:

Derogado/s por: Ley N� 16.349 de 10/04/1993 art�culo 1.

TEXTO ORIGINAL: Ley N� 15.737 de 08/03/1985 art�culo 19.

CAPITULO V

Art�culo 20

20.1  La gracia que extingue el delito y opera el sobreseimiento de la
      causa ser� otorgada por la Suprema Corte de Justicia en acto de
      visita de c�rceles y causas que efectuar�, por lo menos una vez al
      a�o. No proceder� respecto a reincidentes y habituales, si estas
      agravantes estuvieran referidas a delitos que hubieran violado el
      mismo bien jur�dico
20.2  En dicha oportunidad podr�, asimismo, excarcelar provisionalmente a
      los procesados, cualquiera fuera la naturaleza de la imputaci�n.
20.3  La Suprema Corte de Justicia podr� delegar en dos de sus miembros
      el ejercicio de la facultad prevista en el inciso anterior, quienes
      resolver�n por acuerdo.
20.4  Las facultades referidas se ejercer�n de oficio o a petici�n de
      parte.
20.5  Los plazos procesales y administrativos de que disponen los
      funcionarios t�cnicos que deban intervenir en la visita de c�rceles,
      quedar�n suspendidos de pleno derecho durante el t�rmino en que
      participen efectivamente en esa funci�n. (*)

(*)Notas:

Redacci�n dada por: Ley N� 17.272 de 24/10/2000 art�culo 1.
Ver en esta norma, art�culo: 22.

TEXTO ORIGINAL: Ley N� 15.737 de 08/03/1985 art�culo 20.

Art�culo 20-BIS

20 BIS.1 -  Los procedimientos en tr�mite a la fecha de entrada en
            vigencia de la presente ley, que refieran a imputados o
            penados primarios que se hallaren en libertad, o procesados
            sin prisi�n, con excarcelaci�n provisional, en libertad
            condicional o anticipada, o con suspensi�n condicional de la
            ejecuci�n de la pena, ser�n clausurados provisoriamente por
            los Juzgados y Tribunales penales.
20 BIS.2 -  La clausura de los procedimientos quedar� sin efecto en caso
            que el Ministerio P�blico deduzca oposici�n dentro de los
            cinco d�as h�biles siguientes a la notificaci�n, por entender
            -en dictamen fundado- que media inter�s p�blico prioritario en
            la continuaci�n de los mismos, est�ndose a lo que resuelva el
            Juez de la causa, bajo resoluci�n fundada, previa vista a la
            defensa, por el t�rmino de cinco d�as h�biles.
20 BIS.3 -  El procesado o el penado cuando la sentencia de condena fuera
            pasible de recurso tendr�, asimismo, derecho a la continuaci�n
            del proceso si manifiesta oposici�n a la clausura dentro de
            los cinco d�as h�biles siguientes a la respectiva
            notificaci�n.
20 BIS.4 -  La clausura referida en los art�culos precedentes tendr�
            car�cter definitivo, si el procesado o penado no fuera
            sometido a nuevo procedimiento penal dentro del t�rmino de
            tres a�os contados desde la fecha en que se dispuso la
            clausura. En caso contrario, se continuar�n los procedimientos
            provisoriamente clausurados y el Juzgado dispondr� de oficio
            lo que al estado de los mismos corresponda. (*)

(*)Notas:

Agregado/s por: Ley N� 17.272 de 24/10/2000 art�culo 1.

CAPITULO V

Art�culo 21

 (*)

(*)Notas:

Este art�culo dio nueva redacci�n a: C�digo del Proceso Penal de 
07/07/1980 art�culo 328.

Art�culo 22

    Integrada la Suprema Corte de Justicia con arreglo al art�culo 236 de
la Constituci�n, proceder� de inmediato a una visita de c�rceles y causas
a efectos de ejercer la facultad de gracia que le acuerda el art�culo 20
de esta ley.

Art�culo 23

    Las modificaciones introducidas por esta ley al C�digo Penal y al
C�digo del Proceso Penal y al C�digo Penal Militar, ser�n incorporadas
a sus respectivos textos en las pr�ximas ediciones oficiales de los
mismos.

CAPITULO VI

Art�culo 24

  Cr�ase, con car�cter honorario, la Comisi�n Nacional de Repatriaci�n,
con el cometido de facilitar y apoyar el regreso al pa�s de todos aquellos
uruguayos que deseen hacerlo.
  Dicha Comisi�n funcionar� en el Ministerio de Educaci�n y Cultura, el
que deber� proporcionarle los medios materiales y los recursos humanos
necesarios para su actuaci�n.
  La Comisi�n se integrar� con un delegado del Ministerio de Educaci�n y
Cultura, un delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores, un delegado
del Ministerio del Interior, un delegado del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, un delegado del Banco Hipotecario del Uruguay, un
delegado de la Comisi�n del Reencuentro y una persona que designar� el
Presidente de la Rep�blica, quien asumir� la Presidencia.
  El Poder Ejecutivo, por v�a de reglamento, precisar� los cometidos de la
Comisi�n y sus facultades.  (*)

(*)Notas:

Reglamentado por: Decreto N� 135/985 de 11/04/1985.

CAPITULO VII

Art�culo 25

   Decl�rase el derecho de todos los funcionarios p�blicos destituidos en
aplicaci�n del llamado acto institucional N� 7, a ser restituidos en sus
respectivos cargos.

CAPITULO VIII

Art�culo 26

    La presente ley entrar� en vigencia con el c�mplase del Poder
Ejecutivo.

Art�culo 27

    Comun�quese, etc.

SANGUINETTI - CARLOS MANINI RIOS - ENRIQUE V. IGLESIAS - JUAN VICENTE CHIARINO - ADELA RETA

Ayuda